El gobierno crea el rib: un megaarchivo con los datos de todos los que cobran planes
A las 3:42 de la madrugada, mientras la ciudad dormía, el Boletín Oficial publicó la resolución 23/2026: nació el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), la base de datos más ambiciosa —y temida— del Estado argentino. A partir de ahora, cada subsidio, cada tarjeta alimentaria, cada plan que lleva el sello del Estado quedará fichado, geolocalizado y cruzado con AFIP, Anses y migraciones.
La promesa: cero duplicaciones y menos punteros
El Gobierno asegura que con esta herramienta se acabarán los “morrudos” que cobran dos veces, los muertos que siguen cobrando y los extranjeros con DNI trucho. El RIB se alimentará del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), la misma plataforma que ya escrachó a 42 mil titulares de planes que tenían autos 0 km a su nombre. La ministra Sandra Pettovello repite en cada brief: «No es un carpetazo, es un rayos X».
Pero hay un detalle que no figura en la resolución: el RIB también servirá para ajustar por abajo. Fuentes del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales —el organismo que custodiará la base— confiesan que el próximo paso es «purgar» a quienes no cumplan con los requisitos que aún no fueron publicados. La excusa técnica: «evaluación de impacto».
El dato que nadie pidió: 9 millones de fichas
Según el último informe que El Ágora accedió en exclusiva, el Estado ya tiene 9.142.788 beneficiarios cargados en el SIIS. De ese total, 2,3 millones figuran con domicilio en el conurbano bonaerense, 480 mil en el norte de Salta y 1,1 millones no tienen número de celular registrado: una veta de oro para los punteros que administran los planes barrio por barrio.
La resolución establece que los datos se actualizarán «en tiempo real», pero los gremios estatales advierten: faltan 2.500 operadores para cargar la información y los sistemas del ANSES colapsan cada vez que hay un aumento. «El RIB es un Ferrari con nafta de kerosén», resume un técnico que pidió no ser nombrado.
La frase que quedó afuera del comunicado
En la reunión previa, Pettovello soltó la frase que no entró en el comunicado: «Con este registro vamos a demostrar que el 30% de los planes los administra la Política, no el Estado». La frase circula en audio por WhatsApp y ya generó un tembladeral en los ministerios que reparten la guita: Desarrollo Social, Transporte y hasta la Secretaría de Economía Popular.
El cierre es implacable: en 60 días el RIB deberá entregar su primer informe de «personas riesgo de exclusión». Si los números no cierran, la tijera ya está afilada. La lógica es simple: menos planes, menos gasto. Y el ajuste, esta vez, llega con nombre y apellido.