El gobierno huye de la tarifa universitaria que él mismo denunció
Canberra acaba de blindar la comisión que debía revisar los precios de las carreras y, en la misma jugada, ha vetado que esa comisión toque los 50.000 dólares que cuesta hoy una licenciatura en Humanidades. La ironía: fue el propio Labor quien, en oposición, calificó ese cargo de “abusivo”.
La promesa que se quedó en el aire
El Senado aprobó ayer la ley que crea la Australian Tertiary Education Commission (Atec), el organismo independiente que diseñará el nuevo mapa de financiación universitaria. El trámite venía retrasado nueve meses y los rectores respiraron… hasta que descubrieron que falta el grueso: la comisión no podrá recomendar ni tocar las tasas que pagan los alumnos. El “Job-Ready Graduates” (JRG) —paquete heredado del gobierno Morrison— seguirá vivo y coleando.
El efecto es brutal. Desde 2021, estudiar Periodismo, Derecho o Filosofía cuesta un 113 % más que antes, mientras que Ingeniería o Matemáticas bajaron un 59 %. La idea original era empujar a los jóvenes hacia el área STEM; el resultado ha sido expulsar a los de menos recursos de la universidad. Las cifras de Innovative Research Universities lo certifican: el ingreso de estudiantes de bajo nivel socioeconómico cayó un 10 % en cuatro años. En Derecho, la caída roza el 20 %.
¿Por qué ahora no tocan el paquete?
El ministro Jason Clare repite el mantra: “Atec hará el trabajo pesado”. Pero el artículo que los Verdes intentaron introducir —obligar a la comisión a analizar precio por precio— fue rechazado de plano. La excusa oficial: “Hay que comerse el elefante bocado a bocado”. Traducción: la reforma integral se aplaza hasta nuevo aviso, posiblemente después de las próximas elecciones.
Luke Sheehy, presidente de Universities Australia, no se traga el cuento. “Han dejado un hueco crítico. Sin mirar lo que paga el estudiante, el problema de financiación seguirá sangrando cerca de mil millones de dólares anuales”, advierte.
Los que ya pagan la factura
En las facultades ya se nota el desequilibrio. En la Universidad de Sydney, segundo año de Comunicación cuesta 15.436 dólares; el mismo curso en Física, 4.400. La diferencia se traduce en deuda: el promedio de préstamo estudiantil australiano supera los 30.000 dólares, récord histórico. Muchos licenciados arrastran ese peso hasta los 40 años, cuando deberían estar pidiendo una hipoteca, no explicando por qué su carrera vale más que la casa donde viven.
Mehreen Faruqi, portavoz de educación de los Verdes, resume la impotencia: “Gritaron contra el JRG desde la oposición y ahora lo perpetúan con tinta oficial”.
Cronograma fantasma
El gobierno prometió tener a Atec funcionando en enero. Será septiembre cuando la comisión empiece siquiera a dibujar su plan. El primer informe —sobre “cómo acortar y abaratar” los estudios si ya tienes un título TAFE— llegará en diciembre. Del JRG, ni rastro en la agenda.
Mientras, los campus siguen perdiendo alumnos de barrios obreros y las humanidades se vacían. La verdad que aprendí en Repsol —que los números no mienten— late aquí con crudeza: el 31 % de los jóvenes que abandonaron la carrera en 2023 alegó “coste insostenible”. La fuga de talento ya es un dato, no una sensación.
El mensaje es claro: Canberra prefiere mantener la apariencia de reforma antes que tocar el tabú de las tasas. La universidad pública australiana seguirá siendo un negocio de elite disfrazado de meritocracia. Y los 50.000 dólares de una carrera en Historia seguirán creciendo, mientras el gobierno se tapa los ojos y repite: “Espere, que ya llegamos”.