Prohíben celulares en cárceles tras la muerte de un soldado extorsionado
El Congreso avanza con un proyecto que borra de un plumazo los smartphones de las celdas. Detrás de la iniciativa está el cadáver de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se disparó en la frente tras ser chantajeado desde el pabellón 4 de Magdalena. La diputada Silvana Giudici presentó la semana pasada una reforma a la Ley 24.660 que declara ilegal cualquier aparato con chip dentro del penal: lo lleva firmado medio bloque de La Libertad Avanza y ya acumula 54 adhesiones.
El artículo que nadie quiere discutir
El nuevo 79 bis es una línea de fuego: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación”. La frase atrapa celulares, tablets, routers y hasta los módems que los presos esconden dentro de cajas de zapatos. La pena: falta grave con aumento de condena y pérdida de beneficios. Solo quedan exceptuados los equipos de educación oficial, bajo llave y sin acceso a WhatsApp.
La discusión no es nueva. En 2020, la pandemia abrió la compuerta: sin visitas, el gobierno anterior autorizó líneas celulares “controladas”. El resultado se puede contar en tres cifras: 17.000 denuncias por estafa virtual, 1.300 allanamientos en pabellones y al menos 17 suicidios vinculados a extorsiones que arrancaron dentro de los muros. El caso Gómez fue el último en estallar: la banda le sacó 300.000 pesos en una semana y le dejó una nota que empieza con “Mamá, no aguanto más”.
Cómo opera la máquina de mentir
El modus operandi parece Netflix, pero huele a nafta y sudor. Desde Magdalena, los presos abren perfiles falsos en apps de citas. Con fotos robadas seducen a soldados, policías o simples oficinistas. Llegan los audios de la “madre enojada”, la foto trucada de un DNI y la amenaza: “Tenías sexo virtual con una menor”. El dinero se gira a cuentas de terceros —la mayoría, novias o hermanas de los internos— y el ciclo se repite. La jueza Sandra Arroyo Salgado secuestró 84 celulares en una sola requisa: todos con chips comprados en la calle y pasados al penal por la ventilación.
Giudici no quiere mitad de receta: “No se trata de sacar los celulares, se trata de devolverle al penal su lógica de castigo”. La legisladora, que fue presidenta del ENACOM, sabe que la señal 4G atraviesa hierro y hormigón. Por eso apunta al operador: quiere que las empresas bloqueen por geolocalización cualquier antena que abastezca a un establecimiento penitenciario. La propága ya la usan varios países de Europa: se llama “jamming selectivo” y cuesta menos que otra torre de vigilancia.
El lobby que se resiste
En el palacio hay corrientes que alertan por “derechos digitales”. Diputados del Frente de Todos presentaron un dictamen alternativo: proponen celulares “registrados” con límites horarios. El sindicato de trabajadores penitenciarios, por su parte, advierte que la prohibición desatará motines. “¿Qué hacemos con los 37.000 presos que hoy tienen un aparato en la media?”, pregunta Guillermo Fernández, delegado en Devoto. La respuesta de Giudici es dura: “Que lo entreguen o lo rompan. La ley no negocia”.
El proyecto ya pasó la comisión de Legislación Penal y tiene fecha de debate para jul. Si log media sanción en Diputados, el Senado la tomará rápido: el oficialismo busca convertirla en bandera antes de las PASO. Mientras tanto, en la unidad 9 de La Plata sigue sonando el teléfono. Atiende un preso que se hace pasar por abogado. Promete “solucionarle el problema” a cambio de 500 dólares. La llamada dura 47 segundos. Justo el tiempo que le llevó a Rodrigo Gómez pegarse el tiro.