Tribunal frena el intento de trump de escudriñar las universidades
Un juez federal ha frenado abruptamente el ambicioso, y polémico, intento del gobierno de Donald Trump de obligar a las universidades a revelar datos sobre cómo consideran la raza en sus procesos de admisión. La decisión, que llega en medio de una creciente tensión sobre las políticas de diversidad en el país, podría tener implicaciones significativas para el futuro de la educación superior.
La demanda: un veto a la información solicitada
La orden de restricción preliminar, dictada por el juez F. Dennis Saylor IV en Boston, responde a una demanda interpuesta por un grupo de 17 fiscales generales demócratas. La controversia gira en torno a la exigencia del gobierno federal de que las universidades públicas de los estados demandantes proporcionen información detallada sobre la composición racial de sus solicitantes, estudiantes admitidos y alumnos inscritos. El objetivo, según el gobierno, es garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos y detectar posibles prácticas discriminatorias.
Pero, como señala el juez Saylor en su sentencia, el problema reside en la forma en que se llevó a cabo esta exigencia. La velocidad con la que se implementó, imponiendo un plazo de 120 días, impidió que las universidades pudieran participar de manera efectiva en el proceso de consulta y abordar los múltiples problemas que planteaba la nueva normativa. La cifra habla por sí sola: un plazo tan ajustado imposibilitó el diálogo constructivo.
El gobierno de Trump, tras la decisión de la Corte Suprema en 2023 que limitó el uso del affirmative action, argumenta que algunas universidades recurren a “proxies” raciales, como las declaraciones personales, para seguir considerando la raza en sus admisiones, lo que considera una forma encubierta de discriminación. Sin embargo, los fiscales generales sostienen que la recopilación de datos propuesta no solo invade la privacidad de los estudiantes, sino que también podría conducir a investigaciones infundadas y consumir recursos valiosos.
Michelle Pascucci, abogada de los demandantes, resumió la situación en el tribunal: “Los datos se han solicitado de una manera tan apresurada e irresponsable que generará problemas para las universidades”.
Un precedente a la vista: harvard bajo la lupa
Esta no es la primera vez que el gobierno federal se enfrenta a universidades por cuestiones de transparencia en las admisiones. Separadamente, el Departamento de Educación ha demandado a Harvard, acusándola de negarse a proporcionar registros de admisión que, según el gobierno, son necesarios para asegurar que la universidad ha cesado el uso de prácticas de affirmative action. Harvard, por su parte, afirma estar respondiendo a las solicitudes del gobierno y cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema.
El Departamento de Educación, defendiendo su postura, insiste en que los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gasta el dinero público en instituciones que reciben fondos federales. Como ejemplo, citan acuerdos extrajudiciales alcanzados con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia, que han accedido a proporcionar datos sobre la raza, el promedio de calificaciones y los resultados de los exámenes estandarizados de sus estudiantes.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha insistido en que los datos, que originalmente debían presentarse el 18 de marzo, deben desglosarse por raza y sexo y retroactivamente reportarse durante los últimos siete años. La amenaza es clara: el incumplimiento podría acarrear la pérdida de fondos federales para las universidades.
En definitiva, la decisión del juez Saylor introduce una pausa en la estrategia del gobierno federal, exponiendo las dificultades y la posible arbitrariedad de un enfoque demasiado rápido y poco consultado. La batalla legal continúa, pero por ahora, las universidades respiran aliviadas. Lo que está claro es que el debate sobre la equidad y la transparencia en la educación superior está lejos de terminar.