Presidencia valenciana ordenó buscar el audio que luego se filtró manipulado sobre la dana
La trama del audio amputado que desató la tormenta política tras la dana de octubre acaba de estallar en la misma cúpula de la Generalitat. Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, ha dejado caer este jueves una frase que puede costar la carrera a más de un consejero: la petición de la grabación partió directamente de Presidencia.
El testimonio, recogido por la juez de Llíria en una declaración a la que ha tenido acceso EL ÁGORA, desmonta la versión oficial de que la filtración fue un accidente interno. Según Suárez, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias, le transmitió la orden de localizar la conversación entre la meteoróloga de Aemet y la técnica del 112 en la que se mencionaba el desvío del temporal hacia Cuenca. La urgencia era tal que Ricardo García García, subsecretario de Justicia e Interior, acudió personalmente a una sala de control con un técnico, extrajo el trozo de audio y se lo llevó en un pendrive sin dejar rastro de papel.
Una grabación que nadie había pedido nunca
"Es la única vez que ha ocurrido algo así", ha dicho Suárez ante la magistrada. La anomalía saltó a los ojos del propio funcionario: ningún protocolo lo contempla, ninguna firma lo avala, ninguna justificación la acompaña. El 2 de noviembre, dos días después de que la gota fría arrasara la serranía, la presión política por encontrar un culpable ya era insoportable. En los pasillos de Palau se mascaba la necesidad de mostrar que alguien había avisado, aunque fuera a medias.
El audio, que solo incluía la parte del desplazamiento a Cuenca, llegó a los medios como una bala de plata: la prueba de que Aemet había subestimado la dana. Lo que no se publicó fue el resto de la conversación, donde la meteoróloga advertía de que el modelo podía cambiar. La pieza cortada sirvió para alimentar la narrativa de la Generalitat: la culpa era de fuera.
La pieza que faltaba para la juez
El informe de la Guardia Civil ya apuntaba a García y Martín Moratilla como los dos altos cargos que accedieron al archivo. Pero faltaba el quién final. Suárez lo ha entregado sobre bandeja: la orden venía de Presidencia, el corazón del gobierno de Carlos Mazón. Ahora la juez debe dilucidar si esa petición se produjo por iniciativa propia de la consejería o si respondía a una estrategia mayor para proteger a la cúpula política.
El Código Penal no se anda con chiquitas: descubrir y revelar secretos propios puede costar hasta cuatro años de cárcel cuando afectan a la gestión de emergencias. La Ley de Protección Civil valenciana blinda estas grabaciones: solo se facilitan a los estrictos fines de su gestión y, tras el incidente, únicamente a solicitud de la autoridad judicial. Nada de eso ocurrió.
Mientras tanto, en Catarroja, Salomé Pradas, ex consejera de Justicia e Interior, sigue imputada por prevaricación en la causa paralela de las víctimas. La filtración del audio fue su escudo mediático durante los días más crudos de la tragedia. Hoy se ha convertido en su boomerang.
La pieza que faltaba ya está sobre el tablero. Ahora la juez decide si mueve ficha o si deja que el tiempo, como la gota fría, arrastre la responsabilidad hoguera abajo.