Rego abre la puerta a 1.200 tutelas: quiere sacar a los bebés de los pisos protegidos
Mientras 1.200 niños de 0 a 6 años duermen esta noche en un dormitorio colectivo de protección, el Ministerio de Juventud e Infancia ha decidido pasar de la retórica a la norma: una consulta pública, abierta hasta finales de abril, dibuja el salto forzoso de las residencias a los hogares de acogida. La propuesta, adelantada a EFE, fija el cambio de modelo como «prioridad legal» y blinda recursos para que los tutores perciban el mismo apoyo que hasta ahora solo tenían los centros.
El descenso del 53 al 51 % en tres años enciende las alarmas
La estadística oficial no deja lugar a la complacencia: entre 2020 y 2023 el porcentaje de menores en acogimiento familiar retrocedió dos puntos, justo cuando la ley ya marcaba esa vía como «preferente». El resultado es un corralito de cunas en edificios públicos que Sira Rego quiere desmantelar. El proyecto fija un protocolo de transición exprés: seis meses como máximo para que cada bebé que entre en el sistema termine en un hogar, salvo que un juzgado lo impida.
El ministerio calcula que la medida afectará de forma inmediata a unos 400 menores que hoy aguardan familia en la capital y en Castilla-La Mancha, regiones con lista de espera disparada. Para absorber la avalancha, el texto contempla ayudas de hasta 1.200 euros mensuales por acogido y bonificaciones en la declaración de la renta que pueden duplicar la deducción actual. El objetivo es seducir a hogares que hasta ahora rechazan la tutela por miedo a los gastos o a la falta de respaldo psicosocial.
El cambio de modelo se financiará con fondos europeos react-ue
Fuentes del departamento confirman que la partida inicial ronda los 24 millones, dinero que Bruselas ya concedió para «transformación de servicios sociales» y que Moncloa ahora redirige a la primera infancia. El plan incluye 300 plazas de guardería pública gratuita para familias de acogida y unidades móviles de psicología que recorrerán barrios rurales, donde el rechazo a acoger sigue siendo tres veces superior al de las ciudades.
La medida llega cuando el sistema residencial está al 92 % de ocupación, con informes de la Defensora del Pueblo que alertan de sobrecarga en centros de Madrid y Cataluña. La consulta, no obstante, ha despertado recelo en algunas comunidades: Andalucía y Galicia temen un «drenaje» de recursos si se obliga a trasladar a menores sin contar con familias preparadas. Rego responde que la norma incluirá sanciones de hasta 30.000 euros a las administraciones que incumplan el nuevo protocolo.
La última vez que España tocó fondo en protección a la infancia fue en 2017, cuando el Congreso aprobó la estrategia de cuidados que hoy se traduce en este reglamento. La diferencia está en el reloj: entonces no había fecha límite; ahora sí. Si la consulta recibe respuesta masiva, el proyecto llegará al Consejo de Ministros en julio y entrará en vigor en enero de 2025. Para entonces, Rego quiere que ningún bebé duerma en un colchón colectivo. El silencio de esas 1.200 cunas es, hoy por hoy, el mejor altavoz de su urgencia.