San nicolás obliga a actualizar indemnización por daño de obra pública y cruza al gobierno
La Cámara de Apelaciones de San Nicolás desnudó la brecha entre la inflación real y los números que el Estado aún pretende pagar. El tribunal ordenó recalcular de golpe la indemnización que la Municipalidad de Junín y su contratista deben abonar a un conductor que vio cómo una hormigonera destruía su Renault Clío 1997 durante una obra municipal en 2016.
El peritaje que nadie quería
El fallo arranca con una fecha clave: 22 de agosto de 2016. Ese día, una máquina municipal embistió el auto estacionado. El dueño demandó pidiendo 103 000 pesos. Siete años después, la justicia de primera instancia elevó la suma a 190 326 pesos y un puñado de intereses que ya no alcanzan ni para un juego de cubiertas. La Cámara, en cambio, le dio la razón al afectado y le dijo al Estado que esa cifra «está desactualizada». Traducción: vuelvan a empezar, pero a precio de 2024.
La clave la puso la Suprema Corte bonaerense hace semanas, cuando declaró inconstitucional congelar indemnizaciones en contextos inflacionarios. Los jueces de San Nicolás aplicaron el precedente sin miramientos: mandaron a un perito a cotizar la reparación «al valor vigente» y fijaron intereses que ya no son el ridículo 6 % anual que manejaba el juzgado de abajo, sino la tasa más alta de descuento del Banco Provincia. El mensaje es claro: no se puede condenar al damnificado a perder poder adquisitivo dos veces.
Junín pierde y la provincia fija regla
El municipio intentó lavarse las manos argumentando que el auto estaba «en zona restringida», pero el tribunal calificó esa defensa de «reiterativa y sin refutación concreta». O lo que es lo mismo: puro verso. Ahora deberá pagar las costas de la segunda instancia y aceptar que la nueva pericia puede duplicar o triplicar la deuda original. La empresa contratista, que hasta ahora miraba desde la tribuna, saldrá tambaleando: la Cámara la mantiene dentro del blanco y podría terminar socia en el desembolso.
El precedente no es menor. En la provincia de Buenos Aires hay miles de juicios por daños en obras viales estancados en valores de 2019 o 2020. Con este fallo, los abogados ya tienen un argumento de peso para exigir actualización inmediata. La puerta quedó abierta: los jueces no solo validaron la indexación, sino que advirtieron que «debe evitarse la sobreestimación del daño». Es decir, actualizar sí, pero sin convertir el siniestro en un premio de lotería. El equilibrio patrimonial, reclaman, debe ser «real y al día».
El damnificado, un vecino común al que se le hizo justicia tardía, esperará la nueva pericia con el carnet de conducir vencido y el Clío aún chocado. Mientras tanto, la Municipalidad de Junín deberá desenterrar presupuestos y explicar por qué durante ocho años pagó menos de lo que costaba arreglar un simple golpe. La inflación, esa maquinaria más demoledora que cualquier hormigonera, acaba de demoler otra excusa estatal.