Sánchez regala pasaportes a deportistas y disidentes mientras miles esperan años por la nacionalidad
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 36 nuevas nacionalidades españolas por carta de naturaleza, ese atajo legal que el Gobierno utiliza cuando le apetece saltarse los trámites ordinarios que el resto de mortales sufrimos durante años. Entre los agraciados: Leopoldo López, el opositor venezolano que ni siquiera puede votar en su país, y una docena de deportistas que prometen medallas olímpicas que quizá nunca cuelguen del cuello de España.
La doble vara de medir del código civil
Mientras los funcionarios de extranjería se frotan las manos con los más de 400.000 expedientes acumulados de gente que cumple todos los requisitos pero espera su turno como quien espera un milagro, el ejecutivo de Pedro Sánchez sigue jugando a ser papá Noel con el artículo 21.1 del Código Civil. La excusa: "circunstancias excepcionales". La realidad: conveniencia política o intereses deportivos.
El año pasado fueron 222 presos políticos nicaragüenses los que recibieron el pasaporte español después de que Ortega los deportara a Estados Unidos acusándoles de traición. Ahora se suman los nombres que llenarán titulares: la nadadora ucraniana Aleksandrina Skoryk, el esgrimista chino Yixing Gao, la futbolista nigeriana Edna Imade. Todos ellos conseguirán en unos meses lo que a un marroquí que lleva diez años trabajando en Almería le quedan años por lograr.
El negocio de las medallas a cambio de papeles
El caso más descarado: Ramón Rosso, pelotero dominicano que fichó por un equipo de la liga española de béisbol. A sus 28 años, ni rastro de ese "talento excepcional" que presume el Ministerio de Deporte. Pero Rosso sí tiene algo valioso: puede reforzar una selección nacional que necesita rellenar casillas para no quedar en ridículo en el próximo Europeo.
La ironía duele: mientras tanto, Olivia Smart, la inglesa que lleva compitiendo por España desde 2018, sigue sin poder votar aquí. Su compañero de baile, el alemán Tim Dieck, recibió la nacionalidad en septiembre. Ella, que se ha comido los malditos años de residencia, tendrá que esperar al próximo reparto de favores.
En la cola de la Administración, un senegalés que lleva ocho años pagando sus impuestos mira la televisión y ve cómo el Consejo de Ministros aprueba nacionalidades como quien reparte caramelos en una fiesta de cumpleaños. La "circunstancia excepcional" de él: haber construido con sus manos media docena de chalets en la costa valenciana que luego otros españoles compraron para veranear.
La próxima vez que un político hable de "integración" o "esfuerzo compartido", alguien debería recordarle que en este país hay dos velocidades: la de los que pueden aportar votos o medallas, y la del resto. Mientras, el reloj sigue corriendo. Y los años, esos que no perdonan, se acumulan como los expedientes en los cajones de la Administración. La nacionalidad española, se confirma, sigue siendo un commodity que se negocia en despachos, no en las aulas de español para inmigrantes.