Satse exige a las autonomías blindar a las enfermeras ya antes de la ley
Las enfermeras han dicho basta. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha ordenado a las comunidades autónomas que apliquen ya el decálogo de protección contra agresiones y violencia de género que figura en el anteproyecto del Estatuto Marco, sin aguardar a que el Congreso lo ratifique. La advertencia llega cuando el Ministerio de Sanidad acaba de certificar 18.563 agresiones en 2025, un 8,74 % más que el año anterior, y el 30 % de ellas se cebaron con enfermeras.
El texto, al que ha tenido acceso El Ágora, obligaría a los servicios de salud a activar planes de prevención, protocolos de actuación y traslados exprés para víctimas de violencia sexual o de género. SATSE reclama que no haya «discriminación territorial»: una profesional agredida en Asturias debe tener los mismos derechos que otra en Murcia, aunque la norma aún no esté en vigor.
Una ley que se anticipa a sí misma
El artículo 24 del anteproyecto blinda al personal estatutario como autoridad pública. Traducción: una amenaza grave a una enfermera se castigará como atentado y no como simple lesión. La reforma, heredera del Código Penal de 2015, eleva las penas y elimina la laxitud judicial que, según los sindicatos, provoca impunidad.
Pero hay más. Las víctimas de violencia de género podrán abandonar su plaza sin justificar antigüedad ni plazo de permanencia y acceder a otra del mismo nivel, aunque no exista vacante. La administración estará obligada a buscarles destino y, si hace falta, abrirá movilidades extraordinarias entre servicios de salud. «No se trata de un favor, es un derecho», zanja SATSE.

La brecha que mata
Los datos son brutales: en 2024 las enfermeras soportaban ya el 29 % de las agresiones; en 2025 el 30 %. Un punto que, en términos absolutos, significa 5.569 casos. La mayoría son insultos, empujones y escupitajos, pero también golpes de puño, mordeduras y amenazas de muerte. El 70 % restante se reparte entre celadores, médicos y auxiliares.
La escalada no es casual. Los profesionales denuncian saturación asistencial, tiempos de espera desorbitados y una campaña de desinformación que pinta al sistema sanitario como enemigo. «El personal se convierte en chivo expiatorio de la frustración ciudadana», explica una enfermera del Hospital 12 de Octubre que pide el anonimato por miedo a represalias.
El silencio que cuesta vidas
Solo una de cada tres agresiones se denuncia. El miedo a la estigmatización, la falta de apoyo legal inmediato y la sensación de que la sanción será papel mojado provoca que miles de casos queden en la impunidad. SATSE calcula que, de mantenerse la tendencia, el número real de agresiones superará las 25.000 en 2026.
El sindicato exige que se active una red de acompañamiento psicológico, cámaras de seguridad en todas las zonas de riesgo y formación continuada en desescalada verbal. «No vale con colgar un cartel de tolerancia cero. Hay que demostrarlo», sentencia.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido que el anteproyecto «está en fase de alegaciones» y que su departamento «valora todas las propuestas». Valorar no es aplicar. Mientras tanto, las enfermeras siguen midiendo la jornada en puñetazos y gritos. La próxima vez podría ser una cuchilla. Y entonces ya no habrá ley que valga.