Somalia se resquebraja: 45.000 huidos y un presidente sin trono en el suroeste
La Unión Africana acaba de tirar del tapete bajo los pies de Mogadiscio: dialogar o fracturarse. El ultimátum llega cuando el estado del Suroeste ya no sabe quién manda: la pasada madrugada del domingo el Gobierno federal declaró muerta la autoridad de Abdelaziz Laftagareen y, con ella, la legalidad de cualquier futuro nombramiento surgido de su clan.
La jugada no fue improvisada. Horas antes, Laftagareen se había autorenovado en unas primarias relámpago de 24 horas que Mogadiscio tilda de «designación premeditada». El motivo real del rifirrafe: las reformas constitucionales que Hasan Sheij Mohamud impulsa para concentrar más poder en la capital. Los estados federados —gobernados por fueros que se escribieron con sangre en los noventa— lo ven como un sablazo a su autonomía. Laftagareen ha dicho basta; Mohamud le ha retirado la alfombra.
El polvorín de baidoa: 45.000 nuevos rostros, 430.000 viejos fantasmas
La cifra habla por sí sola: 45.000 personas han huido a Baidoa en cuatro días, hacinándose en una ciudad que ya albergaba a 430.000 desplazados por la sequía y los ataques de Al Shabaab. Los camiones de la ONU descargan lonas; los barrios periféricos se convierten en dormitorio a cielo abierto; y los precios del maíz suben un 30 % entre mercado y mercado. El desplazamiento, advierte la ONU, «tiene nombre político»: nadie escapa de la violencia rural; huyen del vacío de poder que anuncia tiroteos entre milicias leales a Mogadiscio y fuerzas locales.
En ese hueco ha entrado el Ejército federal. Tres convoyes de blindados rodean Baidoa desde el miércoles. El Gobierno dice que es operación antiterrorista; los estados gritan chantaje armado. El mensaje es claro: Mohamud no va a permitir otro Jubaland, donde Ahmed Islam Mohamed mantiene su propia aduana, su propio ejército y su propia moneda de bolsillo.
Mahmud ali yusuf suplica diálogo mientras el reloj federal se agota
Desde Addis Abeba, el presidente de la Comisión de la Unión Africana ha lanzado un comunicado que huele a desesperación: «Utilicen el Consejo Consultivo Nacional antes de que sea un cadárer político». El órgano —concebidose en 2021 como espacio de tregua entre clanes— lleva meses desactivado por la falta de quorum. Yusuf ofrece mediadores, aviones, incluso soldados de paz; pero no tiene cómo obligar a Mohamud a ceder parcelas de poder ni a Laftagareen a renunciar a su sillón.
El plazo se estrecha. El Tesoro somalí debe entregar en julio el próximo tramo de fondos federales a los estados; sin reconocer a Laftagareen, Mohamud puede bloquear la transferencia y dejar al Suroeste sin salarios. Laftagareen, a su vez, amenaza con cortar el grifo de los puertos de Kismayo y Barawe, por donde entra el 40 % del comercio de Mogadiscio. El cerco económico puede ser más letal que cualquier tanque.
La última vez que Somalia ignoró un ultimátum africano estalló una guerra que duró dos décadas. Ahora, con 1,5 millones de vidas en la cuerda y un país que ya se fractura en cinco direcciones, el diálogo no es una opción: es la única válvula que evita el colapso. El problema es que nadie parece dispuesto a ser el primero en soltar la pistola.