Sudáfrica paga el precio del descuido: 450.000 ficheros secuestrados por 100.000 dólares
Sudáfrica acaba de descubrir que su agencia de estadísticas vale exactamente 100.000 dólares. Esa es la factura que los hackers del grupo XP95 han puesto al Stats SA para devolver 450.000 archivos que robaron de su base de datos de recursos humanos. La mitad de esos documentos son currículums de gente que solo buscaba trabajo.
El empleo, ahora arma de chantaje
Risenga Maluleke, director general del organismo, lo dijo sin tapujos: «Nos robaron más archivos relacionados con información de recursos humanos». El sistema vulnerado es el mismo que los ciudadanos usan para postularse on-line desde cualquier cibercafé o móvil sin protección. Un simple portal de empleo se convirtió en la puerta trasera perfecta.
El ataque, sin fecha concreta revelada, se filtró este domingo en un comunicado que admite la brecha y promete «una respuesta gubernamental más amplia». Traducción: nadie sabe cuánto tiempo los piratas estuvieron paseándose por dentro.
XP95 no es nuevo en el barrio. Hace semanas se atribuyó el robo de 3,6 millones de archivos al Gobierno de la provincia de Gauteng. El modus operandi es idéntico: copian, cierran el grifo y piden rescate bajo amenaza de publicarlo todo. Si el dinero no llega, filtran. Si llega, ¿lo borran? Nadie lo garantiza.
El coste de la negligencia crónica
Sudáfrica lleva años acumulando cortes de energía, datos y presupuestos. El Banco de la Reserva ya sufrió un ataque en agosto de 2022; el Departamento de Justicia perdió 1.200 expedientes personales en 2021. El único cambio visible es el nombre del grupo criminal.
Stats SA no es una oficina cualquiera: sus cifras alimentan los presupuestos nacionales, las tasas de desempleo y las políticas de vivienda. Permitir que su base de talento quede secuestrada por 100.000 dólares es como dejar la llave del Banco Central en un ascensor público.
Mientras tanto, medio millón de ciudadanos duermen sin saber si su DNI, título y dirección ya están a la venta en foros rusos. El Gobierno promete «medidas». Los hackers, otro café. La factura, como siempre, la pagamos todos.