Un abuelo admite que la escopeta era suya: así se desmorona la trama del crimen en la escuela 40
La bala que mató a Ian Cabrera, 13 años, salió de un arma registrada a nombre del abuelo del presunto atirador. El hombre, cuyas iniciales son G.C., reconoció ante la Policía de Santa Fe que la escopeta 12 mm era de su propiedad y que, hasta el domingo por la noche, descansaba en un placard de su casa.
El dato desarma la primera coartada y pone contra las cuerdas a la familia del adolescente de 15 años que ingresó al aula 4° B de la Escuela N°40 de San Cristóbal, desenfundó y disparó. Hoy, en los pasillos del Ministerio Público de la Acusación, nadie habla de “arma de papá” ni de “arma de hermano”. La línea investigativa apunta hacia la red adulta que permitió que el arma circulara: ¿quién la sacó del ropero?, ¿quién la cargó?, ¿quién la entregó?
El fiscal spinosa suma un nuevo engranaje al expediente
Mauricio Spinosa, fiscal de homicidios, trabaja en paralelo con Carina Gerbaldo, titular del fuero de menores. Ambos comparten una hipótesis: el crimen fue planificado. No se trata de una “tragedia adolescente” más. El chico llevó 20 cartuchos, un cargador extra y un cinturón de tiro deportivo. En el bolso sobraban diez proyectiles: quería seguir.
El gobernador Maximiliano Pullaro convocó a Salud, Educación y Justicia para diseñar un protocolo exprés: en 72 horas cada escuela pública santafesina deberá certificar que no hay armas dentro del perímetro. La medida, anunciada en conferencia de prensa, suena a improvisación. En San Cristóbal, los docentes aún no recibieron instructivos escritos.
Lo que nadie cuenta es que la escuela no tiene portero ni detector de metales. El único adulto que intentó frenar la masacre fue Marcelo Gerez, empleado de limpieza, quien redujo al tirador con un abrazo de oso mientras los chicos saltaban por las ventanas. Gerez no tiene capacitación en seguridad: aprendió a inmovilizar viendo videos de YouTube.
Los padres de ian reclaman la cabeza de quienes dejaron pasar el arma
“No quiero que lo internen cinco años y salga con otro nombre”, gritó ayer Silvia Cabrera, mamá de Ian, frente a la puerta de la fiscalía. La mujer, envuelta en una bandera argentina, exige que se indague a los adultos que rodean al adolescente: su entrenador de tiro, su tío policía, su abuelo propietario del arma. La acusación penal podría extenderse a omisión de deberes de cuidado y facilitación de arma de guerra, figuras que castigan hasta 15 años de prisión.
El dato habla solo: en Santa Fe hay 1.200.000 armas registradas y 400.000 ilegales, según la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La mitad de los homicidios de menores en la provincia se cometen con armas que alguna vez fueron legales.
Mientras tanto, los ocho heridos siguen internados. Uno perdió un riñón; otro, un ojo. La doctora Laura Díaz, jefa de terapia intensiva del Hospital Regional, admite que nunca atendió tantos disparos de perdigones en un cuerpo infantil. “Los proyectiles se dispersan como un abanico. No hay trayectoria recta: hay desgarro.”
La fiscal Gerbaldo tiene hasta el viernes para elevar la imputación. Si prueba que hubo dolo y planificación, el adolescente podría ser juzgado como adulto. Pero la clave ya no está en el patio del colegio: está en el placard del abuelo, en la caja fuerte que no se abrió y en la declaración que alguien todavía no se anima a dar.
El expediente crece, pero la escopeta ya está fiscalizada. La que falta identificar es la mano adulta que la cargó.