Un año después, la mina de cerredo sigue sin explicar por qué mató a cinco hombres
Las vigas retorcidas y el olor a azufre ya se fueron, pero Cerredo sigue abierto como una herida. El 31 de marzo de 2025 una explosión de grisú mató a cinco trabajadores y dejó a otros cuatro jugándose la vida en el hospital. Doce meses después, la única certeza es que alguien sacó carbón ilegal de una mina que Europa había pagado para cerrar en 2018. El resto —cómo, quién y por qué— sigue enterrado más abajo que el propio mineral.
El negocio que no aparecía en los papeles
Blue Solving, la empresa dueña de los derechos, juró que solo realizaba proyectos de investigación complementaria (PIC), una figura que permite extraer pequeñas cantidades de carbón sin destino térmico. Pero el Servicio de Minas concluyó lo que los vecinos de Cerredo susurraban desde hacía meses: la actividad era «clandestina», la ventilación era un coladero y el plan de evacuación, una broma. Los inspectores hablaron de «chimeneas improvisadas» y de detectores de gas que nunca sonaron.
La consejera que debía vigilarlo, Belarmina Díaz, cayó once días después del estallido. Su frase aún duele: «Ni en el peor de los chamizos se trabaja así». Fue lo más parecido a una disculpa institucional que ha escuchado la viuda de Luis M. P., uno de los fallecidos, que cada domingo lleva flores al portón sellado de la mina.
Cangas del narcea acumula papeles sin firmar
El juzgado investiga cinco homicidios por imprudencia y cuatro lesiones. La instrcción lleva prorrogada tres veces y aún faltan peritos que expliquen por qué el grisú superó el 5 % de concentración, el límite que convierte la galería en una cámara de gas. El secreto de sumario se levantó, pero la mayor parte de los informes técnicos siguen en trámites: el último, un estudio sobre las ayudas europeas al cierre que debería haber estado listo en enero.
Mientras tanto, la comisión del Parlamento asturiano ha pasado lista a más de 70 comparecientes: ex-directores de Minas, antiguos consejeros, delegados sindicales y hasta el alcalde del pueblo. PP, Vox y Foro ya hablan de negligencia administrativa y de un posible fraude de ley en los permisos. La presidenta de la comisión, María F. González, admite que el dictamen final llegará «justito» de tiempo: el plazo vence el 30 de abril y aún faltan por analizar 2.300 folios de actas.
La mina que resucitó con dinero público
Cerredo recibió 2,3 millones de euros de fondos europeos para sellar sus pozos en 2018. Tres años después, la misma concesión rebrotó gracias a un PIC de 60.000 toneladas. El carbón extraído se vendía a una planta de León que, según consta en los correos intervenidos, pagaba en metálico y sin factura. La Guardia Civil ha localizado tres camiones que entraban de noche con las matrículas tapadas; falta saber cuántos más circularon.
La Inspección General de Servicios trabaja ahora en un informe interno que debería haberse entregado en diciembre. Su conclusión preliminar, adelantada a este diario, detecta hasta nueve requerimientos no atendidos por la Dirección de Minas entre 2022 y 2024. El más grave: la ausencia de un plan de control de gas que, de haber existido, habría parado la actividad meses antes de la explosión.
Los heridos que no pueden olvidar
Jonás R. fue el único que logró arrastrarse hasta la boca de la galería. Tiene el 40 % del cuerpo quemado y un pulmón que funciona al 60 %. «Lo que más me duele es que nadie me ha pedido perdón», cuenta desde su casa en Aller. Su testimonio es clave para la acusación popular ejercida por la UGT-FIA, que pide imputar a los antiguos responsables de Minas por delito contra los derechos de los trabajadores.
La empresa, por ahora, solo ha abonado las indemnizaciones mínimas que marca la ley: 180.000 euros por cada muerto. Las familias han reclamado una responsabilidad civil que podría disparar la cifra hasta el millón y medio, pero el juzgado aún no ha fijado fecha para el juicio.
El carbón que nadie quiere asumir
En Asturias quedan 37 concesiones en trámite de cierre. Cerredo ha pasado a ser el símbolo de lo que puede ocurrir cuando la administrica mira para otro lado y el negocio del carbón se sube al mercado negro. La UE ha abierto un expediente de recuperación de las ayudas otorgadas en 2018; si se confirma el fraude, el Principado tendrá que devolver los 2,3 millones más intereses.
Mientras los políticos discuten, la mina sigue precintada y el pueblo de Cerredo, con 113 habitantes empadronados, intenta olvidar el ruido de las voladuras que retumbaban por la noche. La próxima semana se cumplirá el aniversario y la organización de familiares convoca una marcha silenciosa hasta la puerta del pozo. No pedirán justicia celestial: solo que alguien devuelva los nombres de sus muertos a los papeles oficiales y no los deje enterrados en un expediente sin fecha de cierre.