Un militar pierde su casa después de 35 años por no estar 'activo'
La justicia murciana acaba de arrojar a la calle a un exmilitar que ocupaba una vivienda militar en Santiago de la Ribera desde 1990. El TSJ desestima su recurso y avala el desahucio: sin plaza activa, no hay techo.
La sentencia que ningún compañero quiere leer
El fallo, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, reproduce al pie de la letra la doctrina del Supremo: cuando un militar pasa a excedencia voluntaria en 1999 y luego se retira, desaparece la causa que le valió la llave. Da igual que llevara tres décadas pagando recibos, instalado en el barrio y criando hijos entre hangares y playas del Mar Menor. La ley 26/1999 no negocia: «la desaparición de la causa extingue el contrato».
El afectado, que solicitó la nulidad de la resolución del INVIED y reclamó el derecho a comprar la casa bajo las condiciones reglamentarias, ahora se lleva dos golpes: desahucio y condena en costas. El tribunal no ha entrado en consideraciones sobre su posterior trabajo en el Servicio Murciano de Salud; para la jurisprudencia eso es «irrelevante». Lo único que contaba era su placa de activo, y esa se apagó hace 24 años.
La sentencia aún no es firme. Cabe recurso de casación ante el Supremo, pero el listón del interés casacional es alto y los precedentes, demoledores. Desde 2022 el alto tribunal ha desestimado cada recurso similar con idéntico argumento: la vivienda militar no es hogar, es herramienta de movilidad.
El caso deja entrever un problema mayor: cientos de familias que obtuvieron casas durante los años 80 y 90 viven ahora bocarriba, pendientes de que el INVIED reabra expedientes. La próxima oleada de jubilaciones forzosas en las Fuerzas Armadas podría disparar desahucios en cascada en bases como Rota, Zaragoza o la propia San Javier.
Mientras, el exmilitar de Santiago de la Ribera tiene 20 días para presentar recurso y una frase que se repite en los pasillos del TSJMU: «No se jubila uno, se le expulsa hasta de su casa». La clave está en una fecha: 1999, el año en que pidió la excedencia y, sin saberlo, firmó la sentencia de su futuro desalojo.