Zupiria garantiza que otegi recibirá protección tras recibir amenazas de muerte
La pistola llegó por correo electrónico. Un mensaje que prometía una bala para Arnaldo Otegi. El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha roto su silencio: la Ertzaintza mantiene al líder de EH Bildu bajo protección policial desde diciembre y trabaja para que el autor de las amenazas «pague cada centímetro de su delito».
La investigación ya está en manos de la justicia
En la intimidad de un estudio de Radio Euskadi, Zupiria desgrana la cronología: la denuncia se formalizó el mes pasado, los agentes contactaron con Otegi en cuestión de horas y desde entonces existe «una línea directa» entre su despacho y el equipo de seguridad del partido. El caso saltó al juzgado en enero. «No es una amenaza más», advierte. «Es la gota que colma un vaso que se llena demasiado rápido».
El consejero repasa la lista: pintadas en fachadas, sobre todo en barrios obreros de Gasteiz y Donostia; sobres con pólvora; mensajes de Telegram cuyo remitente firma con nombre y apellido. «Antes eran anónimos. Ahora algunos ni se esfuerzan en ocultarse», dice. Los servicios de inteligencia de la Ertzaintza han detectado un incremento del 23 % en episodios contra cargos públicos en el último año. La cifra habla por sí sola: el clima político se vuelve irrespirable.
La entrevista se detiene cuando Zupiria menciona el protocolo de protección: escolta móvil, revisión diaria de buzones, cambios de rutina y un equipo forense que rastrea metadatos. «No puedo revelar detalles, pero garantizo que Otegi no está solo». La frase suena a promesa de Estado, no a concesión partidista.
El temor a una escalada antes de las elecciones
El calendario electoral aceita los nervios. Las municipales del 28 de mayo polarizan el debate y los insultos migran a Telegram y TikTok. «El odio ya no se esconde en el bar», afirma Zupiria. «Se viraliza antes que la respuesta institucional». Por eso el Gobierno vasco prepara una reforma exprés de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las amenazas digitales sean consideradas atentado contra la autoridad y conlleven cárcel efectiva.
La jugada política es delicada: si la ley se aprueba con rapidez, EH Bildu podría rentabilizar el discurso de víctima; si se demora, la derecha acusará a Zupiria de laxo. «No me mueve el rédito, me mueve la bala que alguien quiere colocar en la nuca de un representante público», responde. Y apunta a un dato que nadie había publicado: la mitad de las amenazas proviene de perfiles abiertos en la India y en Paraguay, lugares donde la policía vasca tiene poder limitado. «El crimen organizado internacional ha encontrado en nuestras grietas ideológicas un negocio rentable».
Cierra la entrevista con una advertencia que suena a epitafio: «Quien crea que disparar contra un mensajero detiene el mensaje, no ha entendido nada de la historia de este país». La cámara se apaga y Zupiria se queda en la penumbba del estudio, rodeado de papeles que confirman lo que ya sospechaba: la democracia vasca juega esta vez con la vida real, no con votos.